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El valor público de la información en las redes sociodigitales de las instituciones públicas

¿Qué implicaciones tiene la determinación de la Suprema Corte de Justicia de México sobre las redes sociodigitales como una herramienta de acceso a la información para los ciudadanos? En este texto puntualizo algunas relacionadas a la creación del valor público.

En marzo del 2019, la Suprema Corte de Justicia de México determinó que la información que comparten las instituciones públicas a través de las redes sociodigitales (RSD), ya sea en un perfil propio o de un servidor público, debe ser accesible para cualquier persona, por lo que bloquear a un usuario intencionalmente atentaría contra el derecho de los ciudadanos de acceder a la información y de expresarse libremente en los entornos digitales (SCJN, 2019).

Si bien esta decisión, visibiliza la transformación que está viviendo el brazo comunicativo del gobierno, lo cierto es que la responsabilidad de gestionar el contenido digital recaería exclusivamente en los equipos de comunicación de las instituciones públicas, específicamente en aquellos miembros dedicados a la comunicación digital, comúnmente llamados community managers (CM) y que son los especialistas encargados de gestionar el contenido y los suscriptores.

La nueva disposición es útil para reflexionar sobre un aspecto específico de las nuevas prácticas comunicativas de las instituciones públicas en los entornos digitales: el valor público de la información gubernamental en las RSD.

El valor público puede definirse como aquellas actividades que realizan las instituciones públicas para satisfacer los deseos y demandas de los ciudadanos, generalmente desde un punto de vista colectivo y en la búsqueda de una respuesta a la ausente intervención de los mercados (Moore, 1995). Entonces, todas las acciones creadas para responder una demanda ciudadana podrían ser consideradas un valor público.

Desde esta perspectiva, la información que es producida por las instituciones públicas para ser distribuida a través de las RSD también podría evaluarse en función del valor público producido, ya que tiene como fin alimentar la demanda ciudadana en materia de información y comunicación sobre las actividades de carácter público que el gobierno realiza con recursos del Estado, tanto humanos como materiales y tecnológicos.

Dicha concepción implicaría poner sobre la mesa una visión integradora del valor público que produce la información distribuida, es decir, como lo proponen Panagiotopoulos, Klievink y Cordella (2019) evaluar la creación eficaz del valor público no solo desde la definición del producto a entregar, sino también de la estrategia de gestión que permita su suministro.

Luego entonces, propongo que la eficacia de la información que publica el gobierno en sus RSD sea medida no sólo en relación a su impacto técnico, asociado con el nivel del alcance de la información. También debería medirse la eficacia del proceso en el cual esta información fue producida por la institución. Además, considero que podrían incluirse nuevos aspectos propios de la web social como la calidad de la interacción entre la organización y los usuarios.

Por ejemplo, la información difundida por la Secretaría de Bienestar en su cuenta de Twitter @bienestarmx podría ser evaluada no sólo por el interés o interacción de los usuarios a través de likes, retweets o comentarios; sino también, evaluar el proceso de decisión que el equipo de comunicación digital realizó y cómo estas acciones incidieron en el cumplimiento de objetivos de la política de comunicación y de gobierno abierto, cuyo fin último sería ayudar a explicar las acciones de la institución y la relación con su objetivo democrático para el cual fue creada.

Además, sería importante demandarnos ¿cuáles son las nuevas capacidades que las instituciones requieren para entregar eficientemente este valor?

Pang et. al (2014), citado por Panagiotopoulos, Klievink y Cordella (2019), identificaron que las instituciones desarrollan cinco capacidades cuando tratan de crear valor público con la intermediación de las TIC; estas capacidades son: la prestación de servicios públicos, la participación pública, la coproducción, la creación de recursos y la capacidad de innovación del sector público.

En este sentido, considero que las primeras capacidades que adquirirían las instituciones públicas sería la innovación y la creación de recursos, ya que se utilizan nuevas herramientas y ello provoca una necesaria modificación en las estructuras organizacionales para incorporar perfiles especializados en comunicación digital; o bien, permitir que se abran los mecanismos de colaboración con el sector privado para atender las nuevas necesidades.

Aún tengo mis dudas sobre cómo estas dos nuevas capacidades se han incorporado en las instituciones públicas y cuáles han sido los impactos a nivel organizacional, es decir, si en la mayoría de los casos resultó en una reestructuración de las áreas de comunicación o si, por el contrario estas tareas fueron delegadas a agencias privadas especializadas en comunicación.

Ahí mismo, surge otra pregunta sobre si las instituciones públicas están entablando negociaciones con las plataformas sociales que permitan la difusión de la información de gobierno a través de verificación de información y algoritmos especializados, por encima de las redes de desinformación en temas especialmente importantes como la salud pública o la prestación de servicios sociales.

Finalmente, el 2021 se realizará la elección más grande en la historia de México donde se renovará la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 1.063 diputados de 30 congresos locales y 1.926 ayuntamientos en 30 estados (DW, 2020); entonces ¿cómo podríamos garantizar que las RSD se conviertan en una herramienta imparcial en este agitado contexto político electoral?

Así, me parece que la disposición de la SCJN en México sólo abrió el debate sobre los puntos mencionados anteriormente y ahora, es menester que continuemos indagando primero sobre cómo se usan las RSD por las instituciones y cuáles han sido sus contribuciones en un contexto como el latinoamericano, donde aún se observa una tradición comunicativa centrada en la personalización de los políticos y un sistema de medios en desarrollo altamente dependiente de los recursos públicos.

Referencias

DW. (2020, 7 de septiembre). México comienza el proceso electoral 2020-2021, el “más grande” de su historia. DW, Made for Minds. https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-comienza-el-proceso-electoral-2020-2021-el-m%C3%A1s-grande-de-su-historia/a-54846141

Moore, M. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press.

Panagiotopoulos, P., Klievink, B., & Cordella, A. (2019). Public value creation in digital government. Government Information Quarterly, 36(4), 101421. https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101421

Secretaría de Bienestar [@bienestarmx]. (s.f.). Secretaría de Bienestar del Gobierno de México. Recuperado el 12 de septiembre de 2020 de https://twitter.com/bienestarmx

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (2019, 20 marzo). La segunda sala resuelve a favor del derecho a la información en las redes sociales. https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=5840

¿Cómo citar este artículo?

González-Galván, O.S. (2020, 14 de septiembre). El valor público de la información y el uso de las redes sociodigitales por las instituciones públicas. Apuntes Públicos: el blog que analiza la comunicación gubernamental en América Latina. https://apublicos.hypotheses.org/?p=82


OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:
Osiris González-Galván (14 de septiembre de 2020). El valor público de la información en las redes sociodigitales de las instituciones públicas. Apuntes Públicos. Recuperado 27 de abril de 2025 de https://apublicos.hypotheses.org/82


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